Por Redacción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incorporó por primera vez a informantes que buscan obtener una reducción de sanciones a cambio de aportar testimonios, documentos y otras evidencias sobre presuntas irregularidades en contrataciones de organismos electorales.
El organismo informó que ha recibido fotografías, videos, información financiera, domicilios, conversaciones de WhatsApp, documentos y nombres o alias de personas presuntamente involucradas.
De acuerdo con la ASF, los primeros elementos recabados apuntan a que beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos de licitaciones para favorecer sus propios intereses.
La colaboración se realiza mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Quienes participan buscan obtener beneficios en sus sanciones a cambio de proporcionar información relevante para esclarecer los hechos.
El nuevo mecanismo se suma a la investigación de oficio que la Auditoría abrió sobre el INE, el extinto IFE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El antecedente es la detección de operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, concentradas en dos grupos empresariales. De ese monto, 3 mil 790 millones corresponden a operaciones con organismos electorales locales. La ASF busca identificar a los involucrados, rastrear el destino de los recursos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Hasta ahora, la Auditoría no ha identificado públicamente a los informantes ni detallado las sanciones que podrían reducirse. Tampoco ha establecido responsabilidades definitivas.
