“…lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que califico de genocidio lo que allí está ocurriendo. Una de las principales reacciones a ese reporte fue elogiar mi valentía. Y pueden imaginar mi sorpresa: ¿por qué hace falta valentía para decir la verdad?”
—Navi Pillay. Nobel de la Paz 2026
Por Sandra Karina Ibarra Carbajal
A nivel global vivimos una tendencia en la que, la defensa de la racionalidad e instituciones del Estado de derecho, dejó de ser una cuestión estrictamente jurídica para convertirse en un acto de resistencia frente al poder político.
El 9 de octubre de 2026 el Comité Noruego del Nobel anunció que el Premio Nobel de la Paz correspondía a Navanethem “Navi” Pillay.
En política no existen coincidencias.
Mientras el mundo reconocía a una ex Jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) por fortalecer la independencia judicial, el gobierno de Estados Unidos anunciaba medidas para asfixiar presupuestalmente el funcionamiento precisamente de dicha Corte.
Pillay nació en Durban, Sudáfrica, en 1941, en pleno régimen del apartheid, conoció desde su infancia las consecuencias de un sistema jurídico utilizado para institucionalizar la desigualdad.
Defendió a opositores del apartheid, entre ellos Nelson Mandela, y a personas privadas de la libertad por motivos políticos.
En 1995 se convirtió en la primera mujer negra nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.
Posteriormente, como jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, participó en uno de los avances más trascendentes de la justicia penal internacional, consistente en el reconocimiento de que la violencia sexual puede constituir genocidio cuando se comete con la intención específica de destruir a un grupo.
Fue también jueza de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2008; alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008 a 2014 y presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados e Israel.
En su trabajo más reciente sobre Gaza, la comisión que presidió concluyó que Israel había cometido genocidio. Se trata de una conclusión de un órgano investigador de Naciones Unidas, no de una sentencia definitiva de un tribunal internacional.
Al reflexionar sobre las reacciones a su informe, Pillay cuestionó por qué debía considerarse un acto de valentía decir la verdad.
La respuesta se encuentra, en buena medida, en las presiones que actualmente enfrentan los órganos encargados de impartir justicia.
Las sanciones anunciadas por Marco Rubio el mismo día del Nobel no se limitaron a personas concretas, sino que, se dirigieron contra la propia Corte Penal Internacional, con restricciones financieras y comerciales capaces de comprometer sus operaciones y las relaciones con empresas proveedoras de servicios.
El gobierno de nuestro vecino país del norte sostiene que la CPI ha excedido su jurisdicción al investigar a estadounidenses y a ciudadanos de países aliados, particularmente Israel, arguyen que Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma y su gobierno considera ilegítimas determinadas actuaciones del tribunal.
Es claro que la independencia judicial exige que los desacuerdos sobre competencia, jurisdicción o legalidad se resuelvan mediante mecanismos jurídicos, no mediante presiones económicas dirigidas a impedir el funcionamiento de los tribunales.
La autoridad y legitimación de un tribunal internacional descansa en el derecho, en la cooperación de los Estados y en la posibilidad de que sus integrantes ejerzan sus funciones sin represalias.
Cuando jueces y fiscales pueden ser sancionados por las decisiones que adoptan en ejercicio de sus atribuciones, el riesgo no se agota en su esfera personal, se produce un efecto intimidatorio sobre la institución entera y se debilita la confianza de las víctimas en la posibilidad de obtener justicia.
La presidenta de la CPI (otra mujer por cierto) Tomoko Akane, rechazó las medidas y reafirmó que el tribunal continuará actuando con independencia e imparcialidad, únicamente sobre la base del derecho y las pruebas.
Su declaración contiene una advertencia que debería resonar en todas las democracias del planeta porque la Corte no puede sostenerse sola, su continuidad también depende de la determinación de los 125 Estados que la constituyeron para defender el sistema de justicia internacional.
El Comité Noruego recordó, al anunciar el galardón, que la paz duradera necesita justicia y que el derecho internacional constituye una alternativa indispensable frente al predominio de la fuerza; se reconoció en Pillay su independencia, integridad y contribución al desarrollo de instituciones capaces de exigir responsabilidades por los crímenes más graves.
La historia de Navi Pillay permite comprender que la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de quienes necesitan justicia; de las víctimas de genocidio, de los perseguidos por razones políticas, de las mujeres violentadas en contextos de guerra y de todas aquellas personas que, frente al poder, encuentran en los tribunales su última posibilidad de ser escuchadas.
El Nobel otorgado a Pillay adquiere así un significado que trasciende su biografía, es un mensaje de impacto político de respaldo a quienes han dedicado su vida a construir instituciones capaces de juzgar incluso aquello que los poderosos preferirían mantener en la impunidad.
