La nueva reforma a la reforma de la reforma judicial
Por Mónica Calles Miramontes
Eran las elecciones presidenciales de 1992 en Estados Unidos. James Carville era el jefe de campaña de Bill Clintón y formuló una de las frases políticas con más impacto en los últimos tiempos: Es la economía, estúpido. La frase se puede emplear para múltiples propósitos, porque su finalidad es destacar lo esencial en cualquier situación.
Traigo a la memoria esta frase con motivo de la reciente iniciativa de reforma a la reforma de la reforma judicial. Sí, así como se escucha. Como se recuerda, apenas hace dos años, en el 2024, el oficialismo dio la estocada fulminante al Poder Judicial Federal para destruir la carrera judicial por jueces del bienestar electos popularmente.
Los más claros y caros ejemplos de los efectos de ese crimen atroz están en los ministros y en los magistrados electorales del bienestar.
Luego, en este año, el oficialismo hizo una primera reforma con 3 aspectos importantes:
a) Crear las secciones de la SCJN, porque resulta que fue mala idea eliminar las Salas.
b) Pasar la elección judicial de 2027 a 2028, porque resulta que fue mala idea hacerlas de manera concurrente con las elecciones ordinarias.
c) Prorrogar el cargo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral hasta 2028 y permitirles contender en la elección de 2028, porque resulta que es buena idea tener magistrados a modo.
Por último, de imprevisto, la Corte, el Tribunal de Disciplina, el Tribunal Electoral y el Órgano de Administración Judicial presentaron una propuesta de iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sí, esa misma ley que fue emitida en 2021.
En poco menos de 5 años, el oficialismo ha hecho del Poder Judicial lo que ha querido, solamente para tener bajo control a los jueces. ¡Qué barbaridad!
Muchos pensarían que la nueva iniciativa de reforma judicial conjunta de los órganos cúspides del PJF tendría como propósito eliminar aberraciones y garantizar una auténtica impartición de justicia.
Lo menos que esperaríamos es que se abriera a la discusión temas como:
a) Ampliar los efectos del juicio de amparo para que tengan efectos generales las suspensiones que se dicten;
b) Permitir el control de las reformas constitucionales;
c) Garantizar que los jueces y magistrados puedan emitir sus sentencias sin el miedo a ser perseguidos por sus criterios;
d) Reformas sobre el interés legítimo para promover el juicio de amparo;
e) Fortalecer la carrera judicial y que solamente puedan ser electas para los tribunales colegiados y juzgados de distrito personas que han sido previamente secretarios y actuarios;
f) Mecanismos eficientes para garantizar que los otros poderes (Legislativo y Ejecutivo) acaten las sentencias que dicten los tribunales.
En fin, hay muchísimos temas que se necesitan para una mejor impartición de justicia a las personas. Pero ¡no! Es el dinero, lo que importa.
La primera iniciativa que presenta el PJF es para que la administración de los recursos, desde el anteproyecto de presupuesto hasta su manejo, regrese a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral y ahora al Tribunal de Disciplina. Sí, lo que les importa es el dinero, no la justicia, no el Derecho, no la Constitución.
Recordemos que, en 2024 una de las razones para reformar el PJF fue “… el manejo del presupuesto de toda la estructura del Poder Judicial…” y “… romper con la inercia de los acuerdos cupulares…”. Para ello, se creó el Órgano de Administración Judicial con facultades para “… el control interno de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial de la Federación…”.
Dos años después, en un golpe de estado judicial la SCJN, el TDJ y el TEPJF proponen la creación de un órgano cupular y que sean ellos los que decidan sobre sus recursos. Se insiste, ¡es el dinero, estúpidos!
El nuevo órgano cupular se denomina pomposamente Pleno de Órganos Superiores. Para no romper con la tradición, los órganos encargados de impartir justicia proponen crear un órgano inconstitucional, porque ese Pleno de Órganos no tiene sustento en norma constitucional alguna. Ese Pleno estará integrado por la cúpula de las cúpulas, los presidentes de la Corte, del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral y del Órgano de Administración. Excepcionalmente todos los integrantes de esos órganos podrán estar en el Pleno. Imaginen como serán las sesiones en esos casos: 9 de la Corte, 7 del Tribunal Electoral, 5 del Tribunal de Disciplina y 5 del Órgano de Administración, en un intento por estar de acuerdo.
El Pleno de Órganos será el nuevo ente cupular del Poder Judicial Federal, justamente lo que se intentó eliminar con la reforma de 2024.
En cuanto a la administración de recursos, la iniciativa también es inconstitucional. La Constitución prevé que la administración y manejo de todos los recursos del Poder Judicial de la Federación estará a cargo del Órgano de Administración Judicial. Como a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina y al Tribunal Electoral ya no les gustó no disponer libremente de su presupuesto, se inventaron que el Órgano de Administración Judicial sea solamente un ente concentrador del presupuesto, algo así como una caja fuerte o alcancía, para que, cada órgano jurisdiccional maneje el presupuesto a través de unidades ejecutoras. ¡Vaya que sí es el dinero!
La nueva iniciativa de reforma evidencia, entonces que: a) ministros, magistrados electorales y disciplinarios proponen aspectos inconstitucionales, pero ya estamos acostumbrados a eso; b) no les importa mejorar la impartición de justicia; c) quieren crear un órgano cúspide no previsto en la Constitución, y d) si, sólo les interesa el dinero y poderlo manejar discrecionalmente.
Un proverbio turco dice: “Donde el dinero habla, la lengua de la justicia calla”. ¿Qué le importara a la Corte, al Tribunal de Disciplina y al Tribunal Electoral impartir justicia, cuando tienen lo que quieren: el manejo del dinero?
*Abogada electoral y constitucional, Columnista, Análisis político.
Web: defensaelectoral.com.mx
Directora del observatorio LupaReforma2026.mx
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