Por Ileana Bernal de la R.
La investigación sobre el proyecto Amigo LNG en Guaymas abrió una nueva línea de análisis luego de que el periodista Jesús Alberto Ibarra revelara que las 114 hectáreas donadas por el Gobierno de Sonora a la Secretaría de Marina coinciden, de acuerdo con un análisis cartográfico y documental realizado por su equipo, con el perímetro donde se proyecta una de las etapas de la terminal de gas natural licuado.
La revelación fue abordada en el noticiario “De Primera Mano”, conducido por Francisco Javier Ruiz Quirrín, donde Ibarra explicó que, tras la respuesta pública del gobernador Alfonso Durazo al reportaje difundido por N+ el 5 de octubre, se emprendió la búsqueda del decreto oficial que respaldara la explicación del mandatario.
El resultado, dijo, fue la localización del decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Sonora, mediante el cual se autorizó la donación de un inmueble de 114-00-90.488 hectáreas ubicado en el Parque Industrial Pesquero “General Rodolfo Sánchez Taboada”, en Guaymas, a favor del Gobierno federal, con destino a la Secretaría de Marina.
Pero la investigación plantea una diferencia que se torna fundamental, porque una cosa es la donación del terreno a la Marina y otra, distinta, es el contrato mediante el cual una superficie marítima fue otorgada para el desarrollo de Amigo LNG.
“Hay que aclarar, para que la audiencia lo entienda, que se trata, al menos, de dos actos jurídicos diferentes”, explicó Ibarra durante la entrevista.
Y ahí se encuentra una de las claves de la investigación: El terreno estatal y el proyecto de gas
El gobernador Alfonso Durazo sostuvo el martes, en su conferencia de prensa semanal, que el Gobierno de Sonora no entregó directamente el terreno a Amigo LNG; explicó que el 9 de agosto de 2022 el Gobierno estatal y la Secretaría de Marina firmaron un convenio para impulsar la modernización y el desarrollo del Puerto de Guaymas. Posteriormente, señaló, el Gobierno de Sonora donó a la Secretaría de Marina 114 hectáreas para contribuir al cumplimiento de esos objetivos.
“No es un terreno que hayamos puesto a disposición de la empresa”, afirmó Durazo.
El gobernador precisó además que la superficie había estado relacionada con un proceso de remate durante la administración estatal anterior y que, durante el periodo de transición, se solicitó retirar esos terrenos de dicho procedimiento para destinarlos a proyectos vinculados con el puerto, y según su explicación, la donación a la Secretaría de Marina se concretó el 16 de diciembre de 2025.
El Boletín Oficial de Sonora publicó posteriormente, el 22 de enero de 2026, el decreto mediante el cual se autorizó la donación del inmueble. BOLETINOFICIAL
El documento establece expresamente que la propiedad se transmite al Gobierno federal con destino a la Secretaría de Marina y que el inmueble deberá utilizarse para fines y objetivos de esa dependencia en materia de desarrollo, planeación y ejecución de proyectos portuarios, comercio exterior y cabotaje de mercancías en el Puerto de Guaymas.
También contiene una condición relevante: si el inmueble no cumple con el objeto de la donación dentro de un plazo máximo de cinco años, la propiedad deberá revertirse al patrimonio del Gobierno de Sonora.
Por tanto, documentalmente está acreditado que las 114 hectáreas fueron destinadas a la Secretaría de Marina, no que el Gobierno de Sonora las haya donado directamente a Amigo LNG.
La pregunta que permanece abierta
La investigación de Jesús Alberto Ibarra no plantea que esos dos actos jurídicos sean el mismo, por el contrario, su importancia está precisamente en señalar que deben analizarse por separado.
Por un lado está el decreto de donación de las 114 hectáreas, y por otro, existe el contrato revelado por N+, relacionado con una superficie marítima destinada al proyecto Amigo LNG.
La Jornada documentó que la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, entidad sectorizada a la Secretaría de Marina, otorgó desde abril de 2025 el uso, goce y aprovechamiento de 36 hectáreas de superficie marítima en Bahía Catalina para el desarrollo de la terminal. El contrato fue otorgado mediante adjudicación directa.
Ese contrato corresponde a una superficie distinta de las 114 hectáreas terrestres donadas por el Gobierno de Sonora.
Sin embargo, Ibarra explicó en “De Primera Mano” que el análisis de las coordenadas, los mapas incluidos en el decreto y la cartografía presentada por Amigo LNG permite establecer una coincidencia espacial entre el terreno donado a Marina y el área correspondiente a una primera etapa del proyecto.
“Podemos estar muy seguros, casi seguros, prácticamente confirmar, que efectivamente, la superficie que menciona en su reportaje Televisa, queda dentro de las 114 hectáreas que el gobernador del estado, en su gobierno, le donó a la Marina”, sostuvo.
La precisión periodística es importante: esa coincidencia cartográfica expuesta por Ibarra no equivale todavía a demostrar que las 114 hectáreas hayan sido entregadas a Amigo LNG.
Para llegar a esa conclusión falta un documento.
El tercer acto jurídico
Jesús Alberto Ibarra señaló que la investigación busca obtener un tercer instrumento jurídico: el convenio o contrato que permita conocer si existe una relación formal entre la Secretaría de Marina y Amigo LNG respecto de esas tierras.
“Falta, al menos, un tercer acto jurídico”, explicó.
Ese documento permitiría saber qué papel desempeña exactamente Marina sobre el inmueble, si existe un convenio de uso, administración, arrendamiento, concesión u otra figura jurídica con Amigo LNG y, sobre todo, si la superficie terrestre donada al Gobierno federal forma parte de la estructura patrimonial o territorial necesaria para desarrollar el proyecto.
“Este es el convenio para la planta LNG Amigo de Guaymas, con la Marina”, señaló Ibarra, al explicar que esa documentación es la que se intenta obtener mediante solicitudes de transparencia y con apoyo de organizaciones ambientalistas.
Por ahora, por tanto, hay elementos documentales para sostener tres hechos: el Gobierno estatal donó 114 hectáreas a la Secretaría de Marina; existe un contrato portuario para una superficie marítima relacionada con Amigo LNG; y existe una autorización ambiental federal para el proyecto.
Lo que todavía debe establecerse documentalmente es cómo se articulan esos actos; en un proyecto de 6 mil 800 millones de dólares
Amigo LNG no es un proyecto menor.
La terminal proyectada en Guaymas contempla una inversión estimada de 6 mil 800 millones de dólares y forma parte de un esquema para recibir gas natural proveniente de Estados Unidos, procesarlo y convertirlo en gas natural licuado para enviarlo a mercados asiáticos.
La autorización ambiental emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, identificada con el oficio ASEA/UGI/DGGPI/0996/2026, tiene fecha del 13 de abril de 2026.
El polígono autorizado comprende 41.78 hectáreas: 9.28 terrestres y 32.49 marítimas.
La capacidad nominal establecida para la instalación es de 5.1 millones de toneladas de gas natural licuado al año, equivalente a alrededor de 700 millones de pies cúbicos diarios de gas natural procesado.
La autorización contempla seis meses para la preparación del sitio, dos años y 11 meses para la construcción y 40 años de operación.
Sin embargo, el proyecto enfrenta procesos judiciales promovidos por organizaciones civiles.
En septiembre, un juez federal otorgó una nueva suspensión definitiva que impide temporalmente la ejecución de obras y actividades relacionadas con Amigo LNG mientras se resuelve el juicio de amparo. La resolución no cancela la autorización ambiental ni representa una sentencia definitiva sobre el proyecto, pero mantiene suspendidas determinadas acciones para preservar la materia del litigio.
El contrato portuario y el proyecto
Otro elemento que vuelve relevante la investigación es que la relación entre Marina y Amigo LNG no es hipotética.
La información publicada por La Jornada señala que Asipona Guaymas otorgó desde abril de 2025 el uso, goce y aprovechamiento de 36 hectáreas de superficie marítima en Bahía Catalina para la terminal.
El proyecto es desarrollado por Amigo LNG, empresa vinculada con Epcilon LNG LLC, de Estados Unidos, y LNG Alliance, con sede en Singapur.
De acuerdo con la información publicada, la terminal contempla una capacidad de hasta 7.8 millones de toneladas de GNL por año en sus diferentes etapas y el movimiento de buques metaneros por el Golfo de California.
Es precisamente esta coexistencia de actos jurídicos —el terreno estatal, la administración portuaria federal, el contrato marítimo y la autorización ambiental— la que Ibarra considera necesario reconstruir documentalmente.
La postura de Claudia Sheinbaum
El tema llegó también a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria defendió la continuidad de los proyectos de gas natural licuado en Sonora y afirmó que Amigo LNG y Saguaro Energía son proyectos que vienen de administraciones anteriores.
“Se le otorga la manifestación de impacto ambiental con el presidente López Obrador, tanto este como el de Puerto Libertad, los dos están autorizados desde que nosotros llegamos al gobierno”, declaró.
Sheinbaum sostuvo que se trata de proyectos orientados a exportar gas de Estados Unidos hacia Asia y argumentó que, aunque el combustible sea de exportación, existe una ventaja para México relacionada con el almacenamiento de gas natural en territorio nacional.
“Se consideró en su momento que tenía, aun cuando es gas de exportación, una ventaja, en términos de soberanía, que es el almacenamiento de gas natural en el país”, explicó.
Su declaración contrasta con una de las preguntas centrales planteadas en la entrevista de Ruiz Quirrín con Ibarra: cuál es exactamente el beneficio para México de un proyecto cuyo objetivo principal es recibir gas estadounidense y enviarlo posteriormente hacia mercados asiáticos, ya que la discusión no es solamente energética.
El componente ambiental
Amigo LNG enfrenta también oposición de organizaciones ambientalistas, que han cuestionado los impactos potenciales de la terminal y el tránsito de buques metaneros por el Golfo de California.
La resolución judicial de septiembre menciona cuestionamientos relacionados con el acceso a la información, la consulta pública y el procedimiento de evaluación ambiental.
Ibarra plantea ampliar la discusión más allá de la construcción de la planta y revisar sus posibles efectos sobre actividades económicas y sociales de la región, entre ellas la pesca, el turismo y los establecimientos que dependen de la actividad costera.
En ese contexto, el proyecto se desarrolla en una zona de alta importancia ecológica y enfrenta, además, una situación jurídica todavía abierta.
El caso de Saguaro, en Puerto Libertad, tampoco está resuelto. Ese proyecto acumula procesos judiciales y ambientales que han complicado su avance.
Así, los dos grandes proyectos de gas natural licuado de Sonora —Saguaro y Amigo LNG— permanecen sujetos a decisiones administrativas y judiciales.
La investigación apenas abre otra puerta
La aportación principal de la entrevista de Jesús Alberto Ibarra es que desplaza la discusión de una simple pregunta —“¿el Gobierno de Sonora donó terrenos a Amigo LNG?”— hacia una investigación documental mucho más precisa.
El gobernador Durazo ha sido claro en un punto: el Gobierno de Sonora no donó las 114 hectáreas directamente a Amigo LNG, sino a la Secretaría de Marina, y el decreto oficial respalda esa parte de su explicación.
“Me parece a mí también que esta es una última gran apuesta del gobernador Durazo para tratar de rescatar, en un último esfuerzo —milagroso, me parece a mí, debo decirlo a título personal— lo que quede, o lo que se pueda hacer, del Plan Sonora de Energías Limpias”, sostuvo Jesús Alberto Ibarra.
El periodista agregó que, a casi cinco años del inicio de la administración estatal y a 11 meses de que concluya el mandato de Alfonso Durazo, el proyecto Amigo LNG podría representar uno de los últimos intentos por concretar la estrategia energética impulsada por el Gobierno de Sonora.
“Tras cinco años, no ha cogido una sola inversión importante, ni ha entregado un gran proyecto de beneficio”, afirmó Ibarra.
Pero la propia investigación de Ibarra señala que todavía falta conocer el documento que permita completar la cadena jurídica.
Y ese documento puede ser determinante para entender qué papel juegan las 114 hectáreas dentro del proyecto Amigo LNG.
Mientras tanto, el proyecto cuenta con una autorización ambiental fechada el 13 de abril de 2026, existe un contrato portuario previo sobre superficie marítima y hay suspensiones judiciales que mantienen abierta la controversia.
Por eso, más que dar por concluida la discusión, la entrevista de “De Primera Mano” coloca una nueva pregunta sobre la mesa: no solamente quién recibió las tierras, sino qué ocurrió jurídicamente después de que la Secretaría de Marina se convirtió en su destinataria.
La respuesta, como planteó Jesús Alberto Ibarra, está en ese tercer documento que todavía falta recuperar…
