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Piden investigar contratos por 7 mil 500 millones de dólares para obras fronterizas en Texas

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Por Paloma Escobedo (corresponsal)

Un grupo de 23 congresistas demócratas solicitó al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investigar la adjudicación de cinco contratos para infraestructura fronteriza en la región de Big Bend, Texas, ante posibles conflictos de interés, influencia política y falta de transparencia.

La petición fue encabezada por la congresista texana Verónica Escobar y respaldada por otros 22 legisladores, entre ellos Lloyd Doggett, Greg Casar y Joaquín Castro. En una carta dirigida al inspector general Joseph Cuffari, solicitaron revisar cómo se asignaron los recursos y si las decisiones respondieron a necesidades operativas o estuvieron influidas por relaciones políticas.

De acuerdo con el documento, cuatro de los cinco contratos fueron otorgados a Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel. La primera recibió dos adjudicaciones por mil millones y 960.4 millones de dólares; la segunda obtuvo contratos por mil 200 millones y 2 mil 600 millones. El quinto, por mil 700 millones de dólares, fue asignado a Southwest Valley Constructors para trabajos relacionados con el Parque Nacional Big Bend. En conjunto, las obras representan cerca de 7 mil 500 millones de dólares.

 

 

Los legisladores señalaron posibles vínculos políticos de las empresas beneficiadas. La carta refiere que Tim Barnard, presidente de Barnard Construction, y su esposa aportaron alrededor de un millón de dólares a un comité de recaudación de fondos de la campaña de Donald Trump en 2024.

También recuerda que Fisher Sand & Gravel recibió cuestionamientos durante el primer mandato de Trump por la relación del presidente con la compañía y la adjudicación de contratos fronterizos. Estas circunstancias, aclararon los congresistas, no demuestran por sí mismas que las adjudicaciones hayan sido irregulares, pero justifican una revisión independiente.

La solicitud también cuestiona que el DHS haya recurrido a exenciones de disposiciones legales, ambientales y de protección histórica para acelerar las obras, así como los cambios en las descripciones públicas de los trabajos previstos en Big Bend. Los legisladores piden determinar si hubo competencia suficiente, si se justificó el gasto y si se modificaron las condiciones de los proyectos después de adjudicarlos.

La construcción ha generado oposición de organizaciones ambientalistas, propietarios de terrenos y habitantes de la región por sus posibles efectos en áreas naturales protegidas. El Parque Nacional Big Bend abarca más de 324 mil hectáreas junto a la frontera con México y alberga ecosistemas, especies amenazadas y sitios arqueológicos.

Los congresistas solicitaron una respuesta y un calendario de investigación a más tardar elste próximo 20 de noviembre, además de que los resultados se hagan públicos.