Sonora no puede presumir ser el corazón minero de México y tener una universidad anémica.
Por Juan J. Sánchez Meza
El dato está ahí, pero nadie lo grita. Sonora, el corazón minero de México, el estado que aporta el 32% de la producción minera nacional, no puede pagar sin sobresaltos la nómina de su universidad. No es algo casual. Es una política.
En los últimos seis años, el presupuesto por alumno en educación superior en México ha caído cerca de 20% en términos reales. Lo dice la ANUIES, no la oposición. Menos laboratorios, más profesores por hora, becas congeladas, bibliotecas que no se actualizan. La Universidad de Sonora, la que debe formar a los ingenieros que van a sostener el plan de semiconductores y la transición energética, sobrevive año con año pidiendo rescates en diciembre.
El problema no es únicamente cuánto dinero llega, sino qué lugar ocupa la universidad pública entre las prioridades oficiales. Los apoyos extraordinarios pueden aliviar una urgencia de fin de año, pero no sustituyen un financiamiento suficiente, oportuno y estable. Sin esa certeza, la institución administra carencias en vez de planear su futuro: pospone mantenimiento, limita proyectos de investigación y traslada a docentes y estudiantes el costo cotidiano de la insuficiencia. La responsabilidad no puede diluirse entre oficinas y niveles de gobierno: hacen falta compromisos presupuestales claros, transparentes y sostenidos.
Y frente a eso, ¿qué hay? Silencio. Una complacencia que duele más que el recorte mismo. La generación de jóvenes que tomó las calles en el 67 contra la antidemocracia del régimen político; en el inicio de los años 70 contra el autoritarismo y la calidad de la educación, hoy parece anestesiada. Hemos cambiado la asamblea por la historia de Instagram. La exigencia se ha convertido en un trámite en línea que se acepta con un «ni modo».
No es que los estudiantes no tengan problemas. Los tienen y muchos: tienen que trabajar y estudiar, pagan rentas imposibles en Hermosillo. Es que han aprendido a normalizar la precariedad. Ese es el triunfo más grande del recorte: no solo vaciar las arcas, sino vaciar la convicción de que la educación superior pública es un derecho que se defiende.
Pero sería cómodo llamar apatía a todo ese silencio. La despolitización también se alimenta de jornadas agotadoras, de la sensación de que participar no cambia nada y de una vida universitaria donde los espacios de deliberación colectiva pierden fuerza. Cuando las decisiones parecen lejanas y las organizaciones estudiantiles desaparecen o dejan de representar preocupaciones concretas, la inconformidad se vuelve individual: cada quien intenta resolver su beca, su horario o su inscripción por separado. Así, problemas que son públicos terminan vividos como fracasos privados.
No se trata de idealizar las movilizaciones del pasado ni de exigir militancia a cada estudiante. Se trata de recuperar una pregunta elemental: ¿quién decide el futuro de la universidad y quién puede pedirle cuentas? La participación estudiantil puede tomar muchas formas —asambleas abiertas, representación efectiva, vigilancia del presupuesto, discusión informada—, pero necesita canales reales y resultados visibles. Sin ellos, la distancia entre estudiantes y autoridades crece, y con ella la resignación.
Cabría preguntarnos ¿por qué una generación de jóvenes, en los años sesenta y setenta llegó a sentir que tenía que salir a las calles para hacerse escuchar? ¿Por qué en un momento dado dijeron “esto no está bien? ¿Quiero saber que está ocurriendo”?
Los jóvenes de hoy ¿cuándo dejarán de ser espectadores, cuándo sentirán que no basta con mirar?
Hablar de los años sesenta y setenta no es para decir que la generación de entonces era mejor que la de ahora, sino para recordar algo muy sencillo: que una sociedad comienza a perder su capacidad de defenderse del abuso cuando sus ciudadanos dejan de preguntar.
Un gobierno puede recortar con una firma. Pero necesita de una comunidad estudiantil complaciente para que ese recorte se vuelva permanente. Cuando la Universidad acepta hacer más con menos sin protestar, le está diciendo al poder que puede seguir quitando. Cuando el estudiante acepta que la precariedad de la vida universitaria crezca, está financiando con su resignación el siguiente recorte.
Sonora no puede presumir ser el corazón minero de México y tener una universidad anémica. Una cosa no sobrevive sin la otra. Y una universidad no se defiende sola.
Necesita de sus estudiantes incómodos, exigentes, molestos. Porque la historia es clara: ninguna universidad pública recuperó presupuesto por portarse bien. Todas lo recuperaron cuando sus estudiantes dejaron de ser complacientes.