Por Redacción
La integración de los consejos electorales que organizarán los comicios de 2027 y la contratación de proveedores por alrededor de 185 millones de pesos se convirtieron en los dos principales frentes de cuestionamiento de PAN, PRI, PRD y SOMOS contra las autoridades electorales de Sonora.
Al anunciar la instalación de la Mesa de Unidad por la Democracia, los representantes partidistas denunciaron una presunta estructura de influencia política, económica y gubernamental a la que llamaron “Cártel Electoral de Sonora”. Sostuvieron que existirían vínculos familiares, laborales y políticos entre funcionarios del INE, el IEE y el Tribunal Estatal Electoral que, desde su perspectiva, ponen en duda la imparcialidad del proceso rumbo a 2027. Se trata de señalamientos de los partidos, no de hechos acreditados por una resolución.
Uno de los cuestionamientos se concentra en la selección de integrantes de los consejos municipales y distritales. Luis Donaldo Coronado, representante del PRI, afirmó que identificaron a 312 personas con militancia en Morena, partidos aliados o vínculos laborales con gobiernos emanados de esas fuerzas políticas, entre ellas 217 militantes de Morena. El dato cobra relevancia porque el IEE informó que 1,522 aspirantes avanzaron a la etapa de valoración curricular y entrevistas; las cifras presentadas por ambas partes no coinciden exactamente y requieren aclaración.
El segundo frente corresponde a los contratos para materiales electorales. René Noriega, representante del PRD, aseguró que entre 2017 y 2025 se asignaron alrededor de 185 millones de pesos a un mismo grupo empresarial. Los opositores exigieron auditorías de la ASF y el ISAF, además de investigar los procedimientos de adjudicación y posibles conflictos de interés.
La Mesa pidió la separación de Nery Ruiz Arvizu, Marisa Arlene Cabral Porchas y Flor Terecita Barceló Noriega, así como la revisión de los señalamientos contra otros funcionarios. También anunció que dará seguimiento conjunto a sus denuncias. Hasta ahora, las acusaciones expuestas por los partidos no equivalen a una determinación oficial de responsabilidad.
