Por Redacción
Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizan presuntas irregularidades en contratos electorales asignados a un grupo de siete empresas que acumulan más de mil millones de pesos en adjudicaciones de organismos electorales de al menos 13 estados, de acuerdo con una investigación publicada por El Universal.
El reportaje señala que las compañías están vinculadas operativamente con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, y que su relación con Guadalupe Taddei Zavala se remonta a 2014, cuando ella encabezaba el instituto electoral de Sonora. Entre las empresas mencionadas figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Seriplast de México.
Uno de los casos señalados ocurrió en marzo de 2024, cuando la ASF detectó presuntas irregularidades en una adjudicación directa del INE a Comercializadora JVLY por 63 millones 241 mil pesos, para producir y distribuir materiales de simulacro del proceso electoral federal. Según la publicación, los hallazgos incluyeron una posible triangulación de recursos, lo que dio pie a una indagatoria de la UIF.
La investigación también documenta contratos en entidades como Sonora, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Chihuahua, Quintana Roo y Sinaloa. Entre los montos reportados destaca un contrato de Cajas Graf en Veracruz por 141.7 millones de pesos en 2018, así como otro en Jalisco por 102.1 millones en 2024.
De acuerdo con El Universal, las autoridades investigan posibles irregularidades por 514 millones de pesos relacionadas con cuatro empresas del grupo, además de posibles conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses. Las indagatorias incluyen la relación entre representantes empresariales y funcionarios electorales; estos señalamientos corresponden a investigaciones en curso y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad.
(Fuente: El Universal, con información atribuida a la ASF y la UIF)