EDITORIAL
Para miles de trabajadoras y trabajadores mexicanos, la planeación del retiro no es una cuestión de especulación financiera ni un lujo; es el resultado de décadas de esfuerzo, sacrificios y disciplina familiar. Durante años, la llamada Modalidad 40 (Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio) representó una luz al final del túnel: la posibilidad legal y legítima de abonar con recursos propios para elevar la base salarial de cotización y aspirar a una pensión digna tras una vida laboral activa. Sin embargo, una reciente postura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha encendido las alarmas, transformando la esperanza en incertidumbre.
El Instituto ha admitido implícitamente una premisa alarmante: permitió la operación y proyección de este esquema sin haber realizado de origen los cálculos financieros y actuariales adecuados. Hoy, ante el déficit inminente, la solución institucional pasa por restringir el salario tope con el que miles de futuros pensionados podrán inscribirse o reinscribirse. Aunque la medida acota por ahora el impacto a quienes aún no han ingresado, el mensaje de fondo destruye la certeza jurídica de quienes llevaban años proyectando su presupuesto y ahorro de vida.
Es fundamental deshacer el mito gubernamental: la Modalidad 40 no es una dádiva, un subsidio ni un regalo institucional. Se trata de un mecanismo estipulado en la Ley del Seguro Social que permite a las personas que perdieron su empleo formal —o a quienes buscan complementar su trayectoria de cotización— seguir aportando directamente de su bolsillo las cuotas obrero-patronales para conservar sus semanas y mejorar el salario promedio de los últimos cinco años.
Para la clase trabajadora bajo el régimen de 1973, este esquema era el único vehículo efectivo para contrarrestar el impacto de salarios precarizados en su etapa laboral activa. Quienes acuden a la Modalidad 40 financian su propia pensión con ahorros, préstamos o liquidez familiar. Reducir o tope de manera arbitraria las reglas de entrada a este esquema bajo la premisa de la insostenibilidad es desplazar la responsabilidad del Estado hacia el ciudadano que cumplió con la ley.
Desde la perspectiva gubernamental y directiva del Seguro Social, la justificación para limitar la Modalidad 40 se sostiene sobre tres pilares principales:
- La viabilidad financiera y el déficit actuarial: El argumento central es que las altas pensiones generadas por la Modalidad 40 representan una presión desproporcionada sobre las reservas del IMSS y el presupuesto federal.
- La equidad y el combate a presuntas simulaciones: Se señala que algunos esquemas de financiamiento privado han mercantilizado la Modalidad 40, generando distorsiones donde montos aportados en lapsos breves derivan en pensiones vitalicias muy elevadas.
- La protección de las finanzas públicas: Se sostiene que la contención del gasto en pensiones permite redistribuir recursos hacia la atención médica y programas sociales.
¿Son válidos estos argumentos? Parcialmente en el diagnóstico, pero inválidos en la solución.
Si bien es indiscutible que el sistema de pensiones en México enfrenta una crisis demográfica y financiera severa, achacar la quiebra técnica a la Modalidad 40 es un ejercicio de postverdad contable. Los estudios actuariales no son una sorpresa; la demografía del país y el envejecimiento de la población bajo la Ley 73 eran variables proyectables desde hace más de dos décadas.
Decir hoy que «no se hicieron los cálculos» no invalida el derecho adquirido ni la expectativa legítima de los trabajadores, sino que evidencia una negligencia técnica grave en la alta dirección del Instituto. Cambiar las reglas del juego a mitad del partido para quienes estaban a punto de pensionarse no corrige el problema estructural; simplemente le pasa la factura a quienes no tuvieron poder de decisión en el manejo del fondo.
Una crítica objetiva de la situación actual exige mirar más allá del renglón de las pensiones y analizar las entrañas administrativas del IMSS. La crisis que hoy argumenta el Instituto no surgió por la generosidad de las pensiones de los trabajadores, sino por décadas de:
- Desperdicio e ineficiencia operativa: Compras consolidadas con sobreprecio, subejercicios en áreas críticas y contrataciones opacas que han desangrado las finanzas del Seguro Social.
- Opacidad en el manejo de las cuotas: Durante generaciones, las cuotas de trabajadores y patrones no se consolidaron en fondos de reserva de inversión invulnerables, sino que se utilizaron para financiar el gasto corriente del Estado y tapar hoyos presupuestales de corto plazo.
- Corrupción sistémica: La fuga de capitales por fugas administrativas y clientelismo sindical erosionó la capacidad del IMSS para construir una reserva técnica sólida capaz de absorber la ola de jubilaciones de la generación de transición.
En lugar de transparentar el destino de las aportaciones históricas e investigar las responsabilidades administrativas por la falta de previsión actuarial, la burocracia opta por el camino más corto: cerrar la puerta a quienes aspiran a una vejez digna mediante su propio ahorro.
El IMSS se encuentra en un dilema existencial. Pretender un rescate modificando retroactivamente la certeza de los trabajadores no solo provoca un costo social incalculable, sino que detonará un litigio masivo en tribunales laborales y de amparo. Un rescate integral y responsable exige medidas estructurales reales.
- Auditoría actuarial y administrativa independiente: Se debe revisar el manejo de las reservas operativas e investigar la responsabilidad de las administraciones que omitieron los cálculos financieros preventivos.
- Reforma integral del gasto corriente: Reducir la burocracia dorada, los costos ineficientes de adquisición de insumos y transparentar cada peso destinado a la operación médica y asistencial.
- Aportación federal garantizada y progresiva: El Estado debe asumir el costo de la transición democrática y de la Ley 73 mediante partidas presupuestales directas, entendiendo el retiro no como una variable de ajuste fiscal, sino como una deuda soberana innegociable.
- Transición justa e informada: Cualquier modificación a los esquemas de cotización voluntaria debe contemplar periodos de gracia amplios, esquemas graduales y respetar a cabalidad las proyecciones de vida de quienes ya se encontraban en el rango de edad de pre-retiro.
Las pensiones en México no son una concesión política ni una dádiva del gobierno en turno; son el derecho conquistado a través de años de aportaciones salariales y jornadas de trabajo. Castigar a la clase trabajadora formal por la incapacidad técnica y la mala administración del IMSS no solo es inequitativo, es inconstitucional en su espíritu de justicia social.
Primero se gastó sin cálculo y con opacidad; hoy se pretende recortar el futuro de quienes previeron su retiro. Si el Seguro Social busca viabilidad financiera, debe empezar por ordenar su casa, combatir su corrupción interna y honrar la confianza de quienes sostienen, con sus cuotas y su esfuerzo, a la institución.
