En su primer año de labores, el órgano encargado de vigilar a jueces y magistrados, recibió un total de 335 denuncias, según informes obtenidos por este Semanario
Por Rigo Gutiérrez E.
El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Sonora reportó que durante su primer año de labores —entre septiembre de 2025 a septiembre de 2026—, impusieron solo una sanción administrativa, a pesar de recibir cientos de denuncias.
De acuerdo a informes a los cuales tuvo acceso “Primera Plana” —vía solicitud transparencia—, el órgano encargado de vigilar a los magistrados, jueces y personal del Poder Judicial, confirmó que la Unidad de Investigación de Faltas Administrativas recibió un total de 335 denuncias de los cuales se abrieron expedientes.
De este universo de casos, la Unidad logró la conclusión de 158 procedimientos, mientras que 172 expedientes permanecen bajo el estatus de “en trámite”.
Como se sabe, este Tribunal de Disciplina Judicial fue instalado oficialmente el 1 de septiembre de 2025. Actualmente la presidencia la encabeza la magistrada Marina Guadalupe Marín Gómez; en Segunda Ponencia, Mgdo. Darbé López Mendívil; Tercera Ponencia, Mgda. Lydia Gabriela Zepeda Mazón; Cuarta Ponencia, Mgdo. Miguel Ángel Fierros Villicaña; y Quinta Ponencia, Mgda. Dinorah Jocelyn Vega Orozco.
De acuerdo a los informes, los magistrados celebraron 38 sesiones de trabajo en el Pleno. Un total de 24 sesiones ordinarias sirvieron para resolver asuntos de organización administrativa e interna, mientras que 14 sesiones extraordinarias se destinaron a discutir y desahogar recursos jurisdiccionales e inconformidades.
Jueces reprobados
En el Informe de Asuntos del TDJ, fechado el 31 de agosto, consignan nueve expedientes en “Procedimiento de Responsabilidades Administrativas”, los cuales fueron turnados a diferentes comisiones.
De estos casos, destaca el expediente 05/2026, el cual tiene la particularidad de abarcar dos vertientes de imputación (una falta no grave y una falta grave).
La falta no grave, que señalan como Omisión en el cumplimiento de funciones, atribuciones y comisiones encomendadas. En esta vertiente, la Comisión Substanciadora fue la Tercera Ponencia y el procedimiento concluyó en la etapa de substanciación con un sentido de Abstención de sanción.
La considerada como Falta grave es por “Cohecho” (se configura cuando un servidor público recibe, solicita o acepta un beneficio indebido). Esta fue turnada por la Presidencia (Primera Ponencia), substanciada por la Tercera Ponencia y turnada a la Quinta Ponencia como Comisión Resolutora para proponer el proyecto.
Este procedimiento continúa en trámite y se encuentra citado para sentencia.
Pero el único caso, al momento, que aparece con una sanción es el expediente 03/2026.
Fue resuelto el 9 de julio de 2026, en el cual se acreditó la falta administrativa por omisión en el cumplimiento de funciones y se dictó sentencia en sentido de que «se impuso sanción». Aunque no se precisa más a detalle de qué va dicha sanción.
Aplican dos suspensiones
En materia de medidas cautelares, el Pleno captó tres solicitudes que requerían la suspensión temporal de servidores públicos.
El Tribunal concedió la medida cautelar en dos de los casos radicados, previa propuesta dictaminada por la Cuarta Ponencia (expedientes 01/2026 y 02/2026).
El tercer caso (03/2026) por el momento se encuentra en substanciación.
Jueces siguen bajo lupa
El trabajo de las cinco ponencias que integran el Tribunal sumó la emisión de 224 acuerdos y la presentación de 13 proyectos de resolución. La Primera Ponencia registró el mayor volumen de acuerdos dictados con un total de 168 resolutivos.
Por su parte, en el análisis de segunda instancia el órgano disciplinario confirmó la legalidad de cinco resoluciones emitidas previamente, reafirmando acuerdos de abstención, archivo y conclusión dictados por la Unidad de Investigación. Asimismo, la Presidencia dio trámite a 44 cuadernillos administrativos, logrando la resolución definitiva de 36 de ellos.
Finalmente, la Unidad de Evaluación del Desempeño Judicial radicó 43 expedientes enfocados en la supervisión de las labores jurisdiccionales, de los cuales 42 continuaban en fase de substanciación al término del periodo informado.
